El principal reclamo de la comunidad en la zona es que la empresa petrolera argentina estaría contaminando todo con sus actividades y piden su retiro del lote 108. Pluspetrol respondió asegurando que solo se encuentran realizando exploraciones.
No se trata de que “los pobladores” hayan sido convencidos de que Pluspetrol está contaminando (que no es posible, porque recién está en fase de exploración). Se está reclamando la realización de una Consulta Previa, además de que temen los antecedentes de la empresa.
Recordemos también que Pluspetrol tiene tres conflictos en paralelo: los lotes 1AB (Corrientes, Pastaza, Tigre), 8X (Corrientes-Pacaya Samiria) y, ahora, 108 (Pichanaki).
La protesta se salió de control y la falta de diálogo llevó a la radicalización de las manifestaciones. Según cuenta Perú21, más de 300 efectivos policiales se han repartido por diversos puntos de Pichanaki para controlar “posibles situaciones vandálicas”.
En estos momentos en Pichanaki se vive en tensión debido a que los pobladores amenazan con marchar hasta La Oroya en demanda del retiro definitivo de Pluspetrol de esta zona del país.
Finalmente el gobierno ha decidido enviar “una comisión técnica de alto nivel” de la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) irá a Pichanaki. Esta comisión incluye al viceministro de Energía y Minas, representantes del Ministerio del Ambiente y otros funcionarios.
¿El problema? Pues que el diálogo recién ocurriría en 5 días. En ese lapso de tiempo realmente puede pasar CUALQUIER COSA. Realmente esperemos que no sea demasiado tarde (pero probablemente lo sea).
Recordemos que ante los cientos de pobladores indígenas en el poblado amazónico IMACITA en la provincia de Bagua, el jefe de estado, Ollanta Humala Tasso, promulgo la LEY DE CONSULTA PREVIA aprobada por unanimidad en el congreso de la República.
La norma se basa en el Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo (OIT).
De esta manera, se reconoce formalmente el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
Erick Araujo
